La exigencia de los sindicatos es fruto de una reunión mantenida esta tarde entre representantes de ambas centrales después de que el diario 'Expansión' publicara que el plan del Gobierno pasa por segregar los astilleros militares (los únicos rentables) y formar un nueva empresa que también incluiría la factoría gaditana de Puerto Real.

Además, se trataría de privatizar los astilleros de Gijón y Sevilla y, en el caso de Sestao, se estudiaría la posibilidad de transferir el centro al Gobierno autonómico del País Vasco. El resto de activos de Izar entraría en supuesto de disolución.

UGT y CC.OO. consideran que estos datos han sido "filtrados" con la intención de ir creando un "determinado estado de opinión" respecto al futuro de Izar, y advierten que, de ser ciertos, el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso presentar el plan e iniciar su discusión en una mesa de negociación.

"Los sindicatos ya han manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a un método basado en el intercambio de propuestas a través de los medios de comunicación para tratar los problemas", señalaron, y añadieron que, por este motivo, no valorarán unas medidas "que no les han sido comunicadas".

NO SE DEFIENDE EL SECTOR NAVAL.

En todo caso, UGT y CC.OO. recalcaron que seguirán defendiendo el mantenimiento de la actividad civil y militar como "elemento imprescindible" para garantizar la viabilidad futura de Izar.

Para ello, apostaron por el desarrollo de buques de alto valor añadido, que permitan a la empresa ser competitiva y obtener márgenes de rentabilidad.

"La vuelta a escenarios basados en cierres y disminución de capacidad no garantizan el futuro del grupo. Las segregaciones o privatizaciones como única alternativa implicarían una falta de voluntad política a la hora de defender el mantenimiento del sector naval en nuestro país", manifestaron.

Por eso, las centrales instaron al Gobierno a defender ante la Comisión Europea una oportunidad para la construcción naval pública, al entender que la continuidad de Izar es compatible con el respeto a las normas comunitarias.

"Estas mismas normas no pueden ser el pretexto para eliminar miles de empleos y condenar a la pobreza a determinadas comarcas del país. La Comisión deberá facilitar la imprescindible flexibilidad en los plazos (de devolución de las ayudas consideradas ilegales) y permitir los necesarios recursos económicos para financiar el plan de Izar", apuntaron.

Los sindicatos están dispuestos a participar en un proceso de negociación que, "con rigor", busque una solución al problema de Izar, "que ha de contemplar la garantía del empleo como característica de una empresa viable en el escenario de un futuro proyecto europeo que deberá dar cabida a los astilleros españoles".

FUTURO INCIERTO.

Tras la decisión de la Comisión Europea de exigir a Izar la devolución de más de 308 millones de euros, recibidos a través de ayudas públicas contrarias a la legislación de la Unión Europea en 1999 y 2000, el pasado 13 de mayo el Gobierno del PSOE acordó la creación de una comisión interministerial que tendrá que presentar un plan de futuro para los astilleros.

El grupo de trabajo está presidido por el presidente de SEPI, Enrique Martínez Robles, y en él participan el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, el secretario general de Industria, Joan Trullén, el director general de Fondos Comunitarios, José Antonio Zamora, el director general de Política Económica, Angel Torres, y el secretario general de SEPI, Enrique Hernández.

En 1997, en el marco del plan estratégico de competitividad 1994-1998 del sector de construcción naval en España, la Comisión Europea aprobó un último paquete de ayudas después de que el Gobierno se comprometiera a que los astilleros públicos no percibirían más ayudas de reestructuración, rescate, compensación de pérdidas o privatización. Desde ese año, por tanto, las ayudas públicas a los astilleros son ilegales en el marco de la UE.

Sin embargo, en 1999 SEPI compró los astilleros de Cádiz, Juliana (Gijón) y Manises (Valencia) pertenecientes a Astilleros Españoles por 15,3 millones de euros, a pesar de que su valor patrimonial era de 40 millones negativos. En agosto de 2000, la Comisión incoó un procedimiento de investigación por esa causa.

En diciembre de ese año, SEPI creó Izar, fruto de la absorción de Astilleros Españoles por parte de Bazán, que pagó un precio simbólico de una peseta. En noviembre de 2001, la Comisión amplió la investigación incluyendo también esta operación.

En estas operaciones, la Comisión calcula que se concedieron a Izar ayudas por un total de 500 millones de euros mediante inyecciones de capital, préstamos y compras por encima del valor de mercado. Como ya han sido reembolsados 192 millones de euros, la cantidad que debe ser devuelta es de unos 308 millones de euros más los intereses que, a 30 de junio, ascendían a 67 millones.

La Comisión Europea mantiene abiertos otros cuatro expedientes distintos a astilleros Izar sobre casos similares de posibles ayudas de Estado, por un importe superior a los mil millones de euros, lo que ha situado a la empresa en situación de quiebra técnica, tal y como se ha reconocido en distintas ocasiones desde el Gobierno.